Reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista

Entre otras cuestiones y con carácter general, se dispone que la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de autorización. No obstante y de acuerdo con lo establecido por la Directiva 2006/123/CE, las autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización administrativa para la instalación de establecimientos comerciales únicamente cuando esté justificado por razones imperiosas de interés general amparadas por la normativa de la Unión Europea y de acuerdo con requisitos y procedimientos que deberán justificarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Además, las Comunidades Autónomas deberán identificar en sus respectivas regulaciones, de forma objetiva y previsible, las razones que motivan el establecimiento de estos regímenes y el impacto estimado de los mismos.

Por otro lado y a la hora de someter a autorización administrativa la instalación de establecimientos comerciales, deberán tomarse en consideración los estudios de la doctrina científica, según la cual podría generar impacto ambiental y territorial la instalación y apertura de establecimientos comerciales a partir de los 2.500 metros cuadrados de superficie comercial

Se suprimen los criterios económicos de otorgamiento de la autorización por ser contrarios a la Directiva 2006/123/CE y, además, los criterios que en su caso se establezcan para la concesión de la autorización deberán ser claros e inequívocos, predecibles, transparentes, accesibles y hechos públicos con antelación.

En cuanto a la regulación del procedimiento de autorización, se remite a la normativa de las Comunidades Autónomas. En todo caso, las autorizaciones se concederán por tiempo indefinido, se referirán únicamente a las condiciones del establecimiento físico, y su otorgamiento se realizará por silencio positivo a falta de resolución administrativa expresa.

De otra parte, se simplifica y actualiza la regulación de las inscripciones en el Registro de Ventas a Distancia y el Registro de Franquiciadores, y se suprime el Registro Especial de Entidades y Centrales de Distribución de Productos Alimenticios Perecederos.

En materia de infracciones y sanciones, se modifica la regulación contenida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, correspondiendo la competencia en materia de inspección y sanción a las Comunidades Autónomas.